Recientemente he leído en Guerreros de Singularidad que el 85% de los jóvenes tienen como objetivo profesional llegar a ser funcionarios municipales. La tristeza que me produce este dato no está relacionada con el hecho de que alguien quiera ser funcionario sino por el concepto ‘funcionario’ que se encuentra más extendido en nuestro país y que fundamenta ese deseo.

En el subconsciente colectivo de los españoles navega la idea del ‘paraíso laboral’, sin presiones, sin peligros, sin obligaciones, sin exigencias de resultados y de forma vitalicia. No seré yo quien defienda el mercado laboral al que estamos sometidos en el mundo ultraliberal que sufrimos, pero, precisamente por mi rechazo rotundo a la explotación, inseguridad y abuso al que suelen verse sometidos los trabajadores que ejercen su labor en la empresa privada y por mi profundo respeto al derecho que todos deberíamos disfrutar a tener unos servicios públicos eficientes y pagados equitativamente vía impuestos, me repugna el comportamiento de una gran cantidad de funcionarios que, disfrutando de una situación privilegiada, que no dudo que merezcan en mucho casos, sólo se dedican a disfrutar de los privilegios de su posición olvidando el sentido último de su existencia como trabajadores públicos que es, ni más ni menos, que garantizar que ciertos derechos universales puedan ser disfrutados por todos los ciudadanos sin depender de su nivel económico ni su posición social.

Es lamentable que en España no exista la idea de que un funcionario se debe a los ciudadanos y es triste que la única motivación que mueve a un español a ser funcionario es que va a poder irse a hacer la compra en horas de trabajo o que va a tener una hora diaria para poder tomar café. Nadie se ve movido por el valor que su labor como miembro del sector público pueda tener. 

No puedo criticar a todos los funcionarios, porque, evidentemente, como en cualquier colectivo siempre hay gente de todo tipo, gente que cumple y gente que no cumple. Pero el hecho innegable es que no existe el espíritu de servicio al ciudadano y al Estado en nuestro país.

Y claro, gracias a esos funcionarios que se dedican a vivir la vida sin preocupaciones, abusando del sistema que les da de comer, aparecen nuestros queridos ultras liberales que quieren acabar con el Estado porque es una fuente de ineficiencia (eficiencia que se supone conseguiremos explotando a los trabajadores y flexibilizando las condiciones para que las empresas, que siempre han velado por los intereses de la Humanidad sean las que marquen las pautas en el mercado laboral) e injusticia.

Y lamentablemente tienen razón. ¿O quizá no? Tienen razón cuando dicen que el sector público es ineficiente y fuente de injusticias laborales, pero ¿es el modelo el que falla? ¿O son sus actores? Yo creo que más bien es lo segundo. El modelo de servicio público debe garantizar los derechos de todos en muchos aspectos como la Educación, la Salud, la Vivienda y muchos otros mas o menos discutibles, pero que el modelo liberal ha demostrado no ser capaz de mantener con justicia.

Así, los funcionarios tienen una gran responsabilidad cuando realizan su labor, porque depende de ellos que el Sistema funcione o no, y que el resto de los ciudadanos que no tenemos la suerte de disfrutar de sus derechos laborales sigamos disfrutando de los derechos vitales de los que nos hemos dotado como sociedad moderna.

Cuando alguien elige ser trabajador público, lógicamente, pone en la balanza todas las ventajas de que disfrutan los funcionarios, y eso está bien, lo ideal sería que esas ventajas las disfrutaran todos los trabajadores, pero esa no debería ser su única motivación. Si no les sirve como motivación servir a los demás y garantizar los derechos de sus conciudadanos pues mejor que elijan otro trabajo o que, al menos, se lo tomen como una obligación ineludible de su puesto de trabajo.

Un poco de autocrítica y un mínimo esfuerzo de algunos de ellos, junto con una inspección real servirían para ahorrar gran cantidad de recursos del Estado que podrían invertirse en dotar a la población de nuevos derechos o en mejorar las prestaciones que ya existen. Y sobre todo para fortalecer el sistema de garantías públicas que nos debería seguir protegiendo a todos y garantizando nuestro bienestar frente a los ataques de las ideologías más liberales.